El derecho a huelga y su contenido esencial

 

Ante la imminente huelga general analicemos los preceptos legales en que se basa este derecho

TRABAJADORES I EMPRESARIOS DEFIENDEN SUS INTERESES

Cuando el art. 7 de la Constitución Española (CE) establece que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, está reconociendo de manera tácita pero inequívoca que no existe un interés general; por lo menos, no entendido como un interés común.

MEDIDAS: UNOS LA HUELGA, OTROS EL “LOCK OUT”

Este conflicto de intereses no se le escapó al Constituyente cuando en el art. 37.2 CE reconoció el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Quedaba así establecido un principio de reciprocidad en el que la contrapartida al derecho de huelga de los trabajadores lo ponía el “lock out” o cierre patronal. Así, este último derecho quedó también implícitamente reconocido por nuestra Carta Magna.

EL LÍMITE, LOS SERVICIOS ESENCIALES

De una forma más explícita, el art. 28.2 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. El único límite que el Constituyente impuso a los trabajadores prosigue en el mismo artículo, cuando establece que la Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Por lo tanto, parece claro que los trabajadores, cuando ejercen su derecho a la huelga, no tienen por qué ser sensibles a otros intereses que no sean los suyos propios.

UN DERECHO BLINDADO

El Derecho de Huelga fue configurado como un Derecho Fundamental y, como tal, goza de reserva de ley. El mismo art. 28.2 ya alude a “la ley” que lo habrá de regular. Sin embargo, es el art. 53.1 CE el que preceptúa, como una Garantía, el que los derechos y libertades comprendidos entre los artículos 14 a 38 CE – entre los que se incluye el Derecho de Huelga – se regulen sólo por Ley. Asimismo, el Constituyente, a través del mismo art. 53.1, quiso (como otra garantía adicional más) poner a salvo, los citados Derechos y Libertades, de la propia Ley que los habría de regular cuando estableció que la ley que regule el ejercicio de tales derechos y libertades deberá respetar en todo caso su contenido esencial.

Completa este blindaje lo prevenido en el art. 81.1 CE, cuando establece que, entre otras, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. El art. 81.2 CE precisa que la aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso.

UNA LEY QUE TODAVÍA NO EXISTE!

Aunque la anunciada ley orgánica que habría de regular el Derecho a la Huelga no existe aún, -es la última gran ley constitucional pendiente-. El citado Derecho Fundamental sí está regulado por Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 11/1981, de 08 de abril). Se trata, ésta, de una Sentencia de las conocidas como Interpretativas, que indican el sentido preciso que debe tener una norma para no ser contraria a la CE. A través de este tipo de sentencias, el TC innova el Derecho. La Jurisprudencia del TC tiene, entonces, la consideración de Fuente de Derecho.

EL DERECHO A HUELGA FUE OBJETO DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La regulación de la huelga en nuestro Derecho se contenía en el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977 (post-franquista pero pre-constitucional) Esta norma fue objeto, en su día, de un recurso de inconstitucionalidad, que desembocó en la citada STC 11/1981, sentencia interpretativa que salvó, en general, la constitucionalidad de la misma pero vinculó la interpretación de muchos de sus preceptos. El R.D.L.R.T. debe, por tanto, leerse a la luz de esta sentencia.

LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA QUE NINGUNA DISPOSICIÓN PUEDE IR CONTRA LO QUE ESTABLECE LA CARTA MAGNA

Por un lado, el art.9.3 CE garantiza el principio de jerarquía normativa. Si lo enlazamos con lo prevenido en el Apdo. 3 de la Disposición Derogatoria de la propia CE, cuando explicita que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución, no cabe duda de que en lo más alto de la piràmide de prelación de las Fuentes del Derecho se asienta la CE; nuestra Carta Magna.

Por otro lado, establece el art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que el TC es el Intérprete Supremo de la CE. Así las cosas, es clave saber qué interpretación hizo el TC de ese “concepto jurídico indeterminado” denominado “contenido esencial” del Derecho de Huelga que, recordemos, supone un límite que la CE impone directamente al legislador.

UNA MAYORIA ABSOLUTA PODRIA CREAR LA LEY ORGÁNICA QUE LIMITASE EL DERECHO A HUELGA

Teniendo en cuenta que los poderes públicos, en virtud de lo prevenido en el art 9.1 CE, están sujetos a la Constitución, éstos no pueden sustraerse a la interpretación que del Derecho de Huelga hizo ya el TC hace más de 30 años. Esto cobra especial relevancia de cara a una eventual regulación vía Ley Orgánica. Sin perjuicio de que, personalmente, considero que sería democráticamente insano regular un Derecho Fundamental en un momento de Mayoría Absoluta monopolizada por un solo color político, el Gobierno tiene la Iniciativa Legislativa (art. 87.1 CE). Así, tras someter al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros (art.88 CE), ése podría aprobarse por Mayoría Absoluta con los votos de un solo grupo parlamentario (el del Gobierno), sin necesidad de apoyos de otras formaciones políticas.

EL MANIDO ARGUMENTO DEL INTERÉS GENERAL

Sería susceptible de recurso de inconstitucionalidad la Ley Orgánica que intentase limitar el derecho de huelga en base a previsibles perjuicios para los intereses de colectivos distintos del de los trabajadores. Igualmente inconstitucional sería limitar el derecho pretendiendo asimilar el interés particular de la patronal con el interés general. Sin perjuicio de que no existe un interés común, en una Democracia Representativa como la nuestra, el interés general se correspondería con el interés de la mayoría; esto es, con el interés de la clase trabajadora. Esto último es especialmente cierto en las Huelgas “Generales”, que – es de Perogrullo – son de interés “general”

Por todo lo expuesto hasta ahora parece que aún queda un hilo de esperanza para el DERECHO (con mayúsculas), entendido como un mero instrumento al servicio del VALOR JUSTICIA (art. 1 CE). Sin embargo, este que escribe es un descreído y se comienza a formular las siguientes preguntas:

¿Pueden los Tribunales cambiar sus propios criterios jurisprudenciales?

 

¿Es el TC un órgano susceptible de irse tiñendo de determinado color político conforme se van renovando sus miembros por terceras partes cada tres años (art. 159.3 CE)?

Las respuestas a estas preguntas son: Sí. Por supuesto; o bien: Por supuesto. Sí (como queráis) …

… ¿entonces? … entonces os emplazo a que leáis mi próximo artículo sobre la “División de Poderes” …

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